Quien escribe es un
usuario común del transporte público. La mayor parte de los días laborables me
desplazo desde San Cristóbal a Santo Domingo en un supuesto transporte expreso,
que no es ni cómodo, ni rápido; que es, en definitiva, una guagua con aire
acondicionado. Otros días tomo sin más, la guagua sin aire o “voladora”. Para
tomar la guagua algunas veces tomo primero un moto concho guiado por motoristas
que generalmente no llevan casco protector y que, por lo general, no respetan
ninguna norma de tránsito. En la ciudad de Santo Domingo, me desplazo en el
metro y en carro de concho, a razón de 7 personas por vehículo, como latas
entre sardinas.
Algunos días viajo
en el vehículo familiar. Me detienen los tapones, y me tengo que
enfrentar al caos provocado por la gente de la AMET cuando se ponen a dirigir
el tránsito en la esquinas, pero al mismo tiempo dejan el semáforo funcionando;
de tal manera que en ocasiones uno no sabe qué hacer. Además, me enfrento a
unos policías que no tienen claro cuál es su función pública y que parecen
estar atentos solo a una oportunidad para poner una multa. Sufro también las
consecuencias de la AMET cuando ante supuestas violaciones me he resistido a
sobornar a los agentes y cuando me han impuesto –en tres ocasiones- multas que
no han sido justificadas y que, por lo tanto, me he negado a pagarlas apelando
ante el organismo competente.
Cuando se buscan
las causas que provocan un servicio precario, deficiente y caro habría que
reconocer que el caos en el tránsito y en el transporte público es provocado y
mantenido por varios actores y actoras, pero sobre todo por quienes se
benefician de este desorden establecido. ¿Quiénes son los principales
responsables en mantener el desorden? Considero que son fundamentalmente tres:
el gobierno a través de un conjunto de dependencias relacionadas con el
transporte que no realizan su función de fiscalizadora del transporte; además,
a mayor gasto de combustible más dinero recibe en impuestos; el otro actor
responsable son los empresarios del transporte (antes llamados “sindicalistas”) que
son aliados de los vendedores de vehículos y de repuestos; el tercer actor
responsable son las y los usuarios que se han acostumbrado al desorden y han
sido incapaces de articular una organización que defienda los derechos de los
usuarios y que sirva de contrapeso social al gobierno y a los empresarios de
transporte.
Es bien sabido que
cada semana el gobierno pone los precios de los hidrocarburos siguiendo
supuestamente la ley 112-00; sin embargo cuando toca bajar los
precios no se hace en la misma proporción como bajan los
combustibles en el mercado internacional. Por otro lado, es sabido que desde
hace varias décadas el gobierno utiliza los impuestos de los combustibles para
pagar parte de la deuda externa, que en los últimos años se ha duplicado y que
en la actual administración ha aumentado significativamente.
Hamlet Hermann,
quien fue director de la AMET, ha señalado que uno de los grandes problemas del
tránsito en la ciudad de Santo Domingo y en las principales ciudades del país
es que las soluciones que se dan priorizan, por lo general, los intereses de
los grupos económicos y partidarios, antes que las reales necesidades de la
población usuaria del transporte público. Un caso específico es lo del Metro de
Santo Domingo. Para su construcción se habló inicialmente de unos $250 millones
de dólares y ha terminado costando más de $1500, sin que se haya dado cuenta,
con transparencia, a la sociedad. ¿Cuánto de ese dinero realmente se empleó en
la construcción? ¿Cuánto se quedó en las garras de la corrupción? ¿Cuánto le ha
producido esa “inversión” a Diandino Peña y a su grupo, desde que en los años
noventa fuera uno de los principales inversionista en la campaña electoral del
PLD en los años 1995-1996?
Hamlet Hermann ha
deplorado, además, el descalabro del proyecto de la OMSA, el desmembramiento y
la cualquierización de la AMET, así como la construcción de elevados allí donde
no son una prioridad, como en el caso del que se está construyendo en la 27 de
febrero con la Privada, en donde se estarían invirtiendo unos $900 millones de
pesos.
El tránsito y el
transporte público necesitan ser reorganizados venciendo la resistencia de los
sectores provocadores y sostenedores del caos y la tradicional apatía y
desmovilización de la población. Para eso es necesario combinar varios
factores: el aspecto de vigilancia, el educativo y el punitivo por parte de las
autoridades. En cambio el/la ciudadano/a común, así como los grupos y
comunidades tienen el desafío de organizarse y exigir sus derechos a tener
un transporte de calidad, al servicio del mejoramiento de las condiciones de
vida de las comunidades, las familias y las personas.
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