Gestión municipal sin transparencia en el uso de fondos

Por Eugenio Sano Bretón

En las dos últimas décadas los ayuntamientos de la República Dominicana han experimentado diversos cambios en término de ingresos, manejo de los recursos y gestión administrativa.

 En la década del 50, la dictadura de Trujillo aprobó la ley 34-55 de organización municipal. Esta era una ley avanzada para esa época, ya que garantizaba autonomía a los ayuntamientos, aunque en la práctica sus funciones eran mínimas, debido a los bajos ingresos que percibían del presupuesto nacional.

En la década del 60, después de la caída del régimen de Trujillo, se aprobó ley 6139-62. Con esta los municipios adquirieron más autonomía, pero igual, no podían ejercerla, por los precarios recursos que administraban.

En la década del 80 se aprueba la ley 140-83. Con esta se estableció un aumento de 1.85% de los fondos generales de la nación, a los ingresos de los municipios. Eran pocos recursos todavía, pero más que en el pasado.

En esos años ser síndico o regidor, estaba limitado a personas con cierta solvencia económica y altos méritos morales y sociales. De hecho los regidores eran personas honorificas, que apenas recibían un viatico por sesiones de la sala capitular. El desempeño de las autoridades en esos años se caracterizaba por la alta preocupación social, la alta capacidad de gestión administrativa y de búsqueda solución a los problemas de las comunidades. Había una gran voluntad, lo que se demostraba con las realizaciones y atenciones a los munícipes.

En esos años, las personas interesadas en manejar recursos públicos, no mostraban interés ni por la sindicatura ni por la regiduría. Esto era debido a los pocos recursos que en estas entidades ingresaban y la carga de trabajo que tenían por delante.

En el año 1997 se aprueba la ley 17-97, a partir de esta se dispone un aumento de los ingresos de los municipios de un 4% de los ingresos del estado. Para ese año el monto distribuido a los ayuntamientos, a nivel nacional, paso de RD$583,000,008.88 en el año 1996 a RD$1,177,594,898.49 en el año 1997.

Ese aumento en los fondos municipales trajo consigo una apetencia por dirigir los ayuntamientos. De esta manera aumentó el número de interesados a síndico y regidores, de manera vertiginosa. Lo que trajo consigo el inicio de una nueva etapa y con ella una nueva cultura, al interior delos partidos.

En la medida que el presupuesto de ingreso de la república ha aumentado, de esa misma manera los fondos municipales lo hacen. En el año 2001, el gobierno, de ese entonces, aumentó de manera administrativa los fondos al 5% y en el año siguiente los llevo al 6%. Esto significó más recursos para los municipios.

Para el año 2010, los fondos destinados a los municipios, a nivel nacional, se elevaron a la suma de RD$14,212,101,410. Este monto era muy significativo, pues representaba el 92% de lo recibido en el año 1997.

La población de los municipios esperaba un aumento de las obras, servicios municipales y atenciones, en proporción a los aumentos de los ingresos. Pero no pasó así, en muchos ayuntamientos las realizaciones municipales se fueron reduciendo en la misma medida que aumentaban los recursos. Ejemplo tenemos por montones.

El interés en la membresía de los partidos por dirigir los ayuntamientos y manejar fondos públicos aumentó de manera estrepitosa. Así nacieron movimientos, nuevos partidos y tendencias. También se han generado crisis interna, negociaciones, reparticiones de cargos, amenazas y hasta muerte.

En el año 2007 se aprueba la ley 176-07  la cual establece un nuevo avance en las  políticas municipales tanto en lo económico como en las funciones. Esta ley plantea una serie de prerrogativas relacionada con la promoción de la participación ciudadana y de las organizaciones civiles en la gestión municipal. También plantea las situaciones que pueden motivar la destitución de un alcalde.

A pesar del adelanto que representa esta nueva ley de organización municipal, todo sigue igual. Más bien se han acentuado las incapacidades, la inoperancia y el manejo nulo de transparencia de los fondos municipales.

Lo lamentable es que los organismos de control estatal se hacen de la vista gorda. La cámara de cuenta descubre las anormalidades, pero no somete a la justicia a los responsables. En las auditoria realizada a varios ayuntamientos se encontraron entre otras gastos enormes en anomalías como: Adjudicaciones de contratos amparados en Ley derogada,  retenciones de impuestos a empleados y no pagados a la DGII, Combustibles pagados sin documentaciones confiables, Ayudas personales sin soportes justificativos, Desembolsos sin aprobación presupuestaria

Los ciudadanos y ciudadanas y munícipes, debemos entender que lo que está pasando en nuestros ayuntamientos no es a lo que están llamados. Las funciones están claras y todas van dirigidas a garantizar el bienestar de la población. A través de los servicios públicos y las medidas correctivas y preventivas para impedir daño a las personas.

Los movimientos sociales deben cumplir su rol de rechazar las medidas y los malos manejos en los ayuntamientos, exigir la transparencia en la gestión financiera y en las obras que se ejecutan. Pero sobre todo debe tener claro por quien no votar y mas que eso construir propuestas alternativas a los partidos tradicionales, que son los principales causante de la corrupción imperante.