Por Eugenio Sano Breton
La sociedad dominicana y muchas otras sociedades del mundo
están viviendo una nueva cultura. La cultura de la corrupción y el
enriquecimiento ilícito. Cada día salen en la prensa diferentes casos de
denuncia y apresamiento de funcionarios públicos y también privado por desviar
fondos a sus cuentas personales o de terceros, regularmente testaferro.
Los hechos y casos lo tenemos por doquier y lo lamentable es
que ya nadie se inmuta ante las denuncias y sometimientos. Pero más lamentable
es el hecho de que en este país, entre más grande es el alijo menos justicia se
hace. Por ello vemos en las cárceles
personas detenidas y sentenciadas por robarse algo de poco valor económico como
una gallina, sin embargo no hay ningún preso por la sustracción de millones de
pesos públicos.
Al parecer las funciones públicas están destinadas a
enriquecer a los incumbente. Pues los cambios en sus vidas y sus posesiones,
luego de asumir el puesto, son muy notables, pero nada pasa.
La parte mas triste de esta nueva cultura es la impunidad, el
dejar hacer y el dejar pasar, como lo planteo el francés Pierre Samuel du Pont
de Nemours (1739-1817), refiriéndose a que “las funciones se asumen o deben
asumirse con una postura practica, a
partir de la cual hay que ser tolerante y no preocuparse demasiado por el curso
de las cosas”.
Por ello hemos visto como los tribunales se empeñan en buscar
subterfugio para no aplicar las leyes correspondientes en los casos demostrados
de desfalco de grandes sumas millonarias de fondos público. Como muestra mas
resiente tenemos el caso Feliz Bautista y comparte, entre otros.
Otro ámbito donde se cuajan un sin numero de situaciones
delictiva son los ayuntamientos. La autonomía que le dan las leyes es usada, en
muchos casos, para desviar los fondos públicos y no atender las situaciones,
problemas y servicios municipales.
La sala capitular, Consejo de Regidores o Pleno Municipal, tiene
como misión y función principal trazar las normativas para garantizar la
armonía y convivencia municipal y la fiscalización de las ejecutorias de la
sindicatura o alcaldía.
No obstante en la práctica, no siempre es esto lo que impera.
La representación de la sociedad, sus reclamos y sus necesidades no son
enarbolados ni gestionados por la mayoría de estos ediles. Por ellos es notable
la existencia de tantos problemas municipales y la ausencia de acciones
municipales para superarlas. Mientras vemos como cambian las vidas y aumentan
los bienes de estos.
En muchos ayuntamientos, los regidores del partido en el
poder y los de los partidos de oposición no tienen diferencia en sus posiciones
y planteamientos. La fuerza del dinero los cautiva y le impide responder de
acuerdo a su juramento y a la función que fueron a desempeñar. Más que
oposición, más que cómplices son verdaderos negociantes económicos de
resoluciones. Esto los lleva a cerrar los ojos para no ver las atrocidades que
se cometen con los fondos públicos y mas bien participan de la repartidera del botín.
De ahí las abultadas nominas clientelistas, la situación de
inoperancia de los ayuntamientos, y otras irregularidades detectadas en las
auditorias realizadas por la Cámara de Cuenta. Entre las mismas están : obras
presupuestadas y pagadas en mas de una ocasión y sin iniciar, nomina abultad,
mientras falta personal para las labores
y servicios. Así como abandono de las atenciones y asistencia a personas con
situaciones especiales de salud, veje y precariedad y enriquecimiento ilícito. Todo esto refleja y demuestra el incumplimiento de las
funciones de la sindicatura, del consejo de regidores y sus miembros.
Al parecer el puesto de regidor es muy rentable, de ahí la
cantidad de personas, que sin conocer las ley municipal ni la función de esta
posición, aspiran a llegar. Ya sabemos que es lo que muchos de estos quieren.
Es hora de que se piense en la necesidad de tener en los cargos públicos a
verdaderas autoridades y funcionarios. Personas capaces y con alto nivel de
ética y pulcritud. Dispuestos y dispuestas a cumplir la ley a favor de los
ciudadanos y la sociedad.
Pero para esto hace falta que los ciudadanos y ciudadanas
dejen de ser cómplices de la inoperancia, malas acciones y actos de corrupción de
autoridades y funcionarios públicos. Se requiere que los ciudadanos y ciudadanas reconozcan
sus derechos y cuales son las funciones públicas. También hace falta que
participen en las actividades y luchas que se desarrollan en contra de la corrupción
y la impunidad, a nivel local y nacional, como forma de proteger el patrimonio
publico.
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